Realidades mixtas: Hacia una certificación ética obligatoria para proteger a las personas usuarias

Autores: Diego Jesús Flores Canché, Diana Plata Rosas y Aldo Rosas Landa Flores, en el marco del Módulo 4: Tecnologías Emergentes y Tecnología de Interés Público del Diplomado de Innovación Pública del INAP.

Nota: El documento original es de autoría de los alumnos; este texto es una versión editorial elaborada por Alejandra Glía Sánchez (PIT Policy Lab) para fines de divulgación pública.

Por qué una política pública para realidades mixtas

La realidad mixta (RM), que integra realidad aumentada y virtual, ya transforma educación, salud, industria y participación ciudadana. Su adopción masiva también abre dilemas urgentes: recolección de datos biométricos y perceptuales, manipulación del comportamiento, sesgos algorítmicos, brechas de acceso y riesgos psicosociales. Proponemos pasar del manejo caso por caso a una gobernanza preventiva, con estándares verificables y responsabilidades claras.

La propuesta central

Crear un Programa de Certificación Ética Obligatoria para operar hardware, software y plataformas de RM en México. La certificación evaluaría, como mínimo, cinco dimensiones:

1.  Consentimiento biométrico reforzado

Qué: procesamiento local cuando sea posible; anonimización o eliminación inmediata; prohibición de venta/transferencia sin consentimiento explícito y revocable; avisos visibles en la experiencia.

Por qué: minimiza exposición y protege la identidad perceptual.

2. Mecanismos anti-manipulación perceptual 

Qué: transparencia sobre cómo algoritmos pueden afectar estado de ánimo/atención/sesgos y un Modo Alerta de Manipulación para intentos de influencia comercial o política.

Por qué: salvaguarda autonomía y juicio crítico.

3. Equidad de acceso, usabilidad e inclusión

Qué: interoperabilidad, diseño accesible (discapacidad), auditorías de no discriminación y un Fondo de Acceso Comunitario (aportes privados + incentivos públicos) para escuelas, hospitales y centros comunitarios.

Por qué: reduce brechas y evita exclusiones sistémicas.

4. Límites de uso y bienestar físico-psicológico

Qué: pausas cognitivas, lineamientos de tiempo de inmersión y desconexión segura, alineados con estándares internacionales (p. ej., ISO/IEC 5927:2024; ISO 9241-391).

Por qué: previene fatiga sensorial y efectos de exposición prolongada.

5. Equidad algorítmica y no discriminación 

Qué: auditorías periódicas de sesgos, protocolos de remediación y reportes públicos.

Por qué: garantiza trato no discriminatorio en diseño y operación.

Arquitectura institucional

El liderazgo recaería en una Agencia Nacional de Transformación Digital y Telecomunicaciones (coordinación de estrategia de RM). Participan, con competencias específicas: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Secretaría de Salud, autoridad de competencia económica y PROFECO, para articular ética pública, salud, competencia y derechos de consumo. Un Comité Interinstitucional de Ética Digital emitiría los Estándares de Diseño Ético y Seguridad Perceptual, y supervisaría su cumplimiento.

Fases de implementación

• Año 1: diseño del Comité y publicación de estándares.

• Año 2: periodo de gracia para adopción voluntaria.

• Año 3+: certificación obligatoria para operar, fiscalización anual y recertificación periódica.

Cómo se miden los resultados

• Índice de cumplimiento biométrico: % de plataformas con procesamiento local y consentimiento reforzado.

• Incidencia de vulneración: reducción anual de reportes por mal uso de datos.

• Índice de confianza y transparencia: percepción ciudadana.

• Acceso comunitario: número de hubs de RM en zonas de baja penetración tecnológica.

Ajustes legales y regulatorios propuestos

La propuesta incluye ajustes legales y regulatorios clave. En materia de protección de datos personales, se plantea reconocer la nueva categoría de Datos Perceptuales y Espaciales, que abarca información sobre movimientos, gestos, mirada, voz y entorno, y crear un Registro Nacional de Plataformas Inmersivas sujeto a auditorías. En paralelo, se proponen facultades reforzadas para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con el fin de garantizar la competencia leal, la protección de las personas consumidoras y la vigilancia de prácticas de mercado en el ámbito de las realidades mixtas.

Impacto esperado

La certificación ética obligatoria alinearía incentivos privados con innovación responsable, fortalecería la confianza ciudadana y posicionaría a México como referente regional en ética inmersiva. Regular no es frenar: es hacer posible que la RM escale con derechos, equidad y salud pública al centro.

Si deseas profundizar en esta propuesta y conocer el análisis completo, te invitamos a leer el documento elaborado por los autores en el marco del Diplomado de Innovación Pública del INAP aquí.