Por Andrea Barenque, Consultora en Inteligencia de Datos en PIT Policy Lab y Fundadora y CEO de Datamorfosis
Los datos son un activo estratégico del modelo socioeconómico actual. Varios estudios y casos de uso han demostrado los beneficios de publicar y compartir datos de gobierno en formatos que permitan su transformación y aprovechamiento. Sin embargo, la complejidad de los problemas públicos y la diversidad de actores involucrados en el diseño e implementación de políticas públicas, requiere de enfoques más estratégicos respecto a la gestión y uso de los datos.
Un ejemplo de esto es cómo la Política Nacional Anticorrupción (PNA) mexicana retoma mejores prácticas internacionales como la Guía de Apertura “Usar Datos Abiertos para combatir la Corrupción” de la Carta Internacional de Datos Abiertos. Esta guía, a través de una consulta con personas expertas, identifica cuáles son los datos prioritarios generados por diversos actores de gobierno que ayudan a entender el fenómeno de la corrupción y a tomar decisiones para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de este tipo.
Si bien hace algunos años el enfoque en la agenda de datos estaba dirigido a la publicación, hoy es importante ver a los datos como parte de una infraestructura que comprende no sólo información, sino otros elementos como políticas (transparencia, acceso a la información, privacidad, seguridad, etc), estructuras organizacionales, tecnología, y una comunidad de usuarios dentro y fuera de gobierno que cuentan con habilidades técnicas para su aprovechamiento.
Por otro lado, también es necesario concientizar sobre el ciclo de vida de los datos y el momento en que éstos generan valor, es decir, la publicación de datos en formatos abiertos no es un fin sino un paso hacia el verdadero aprovechamiento de la infraestructura de datos anticorrupción.
En México, esta infraestructura se compone, entre otros, de los siguientes elementos:
Las leyes de Transparencia y Acceso a la Información; de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros instrumentos legales y normativos.
La Política Nacional Anticorrupción (PNA) y las Políticas Estatales Anticorrupción.
Las personas servidoras públicas responsables de áreas administrativas y de política que se encargan de tareas de transparencia, rendición de cuentas, contraloría, compras públicas, auditoría, finanzas, entre otras.
Los sistemas de información de los municipios, estados y el gobierno federal, la Plataforma Digital Nacional y otras tecnologías que permiten la interoperabilidad y transformación de los datos.
Todos los datos relacionados con el actuar del gobierno que sirvan para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.
La comunidad de personas usuarias de gobierno, sociedad civil, academia, medios de comunicación, y otros sectores que generan y utilizan estos datos.
La comunidad de personas usuarias utiliza esta infraestructura para generar conocimiento que se traduce en decisiones informadas, políticas basadas en evidencia, investigaciones periodísticas y judiciales, mejora de procesos, sanciones a personas servidoras públicas, y más acciones para el combate a la corrupción. En otras palabras, se genera una inteligencia de datos anticorrupción.
A nivel local, los gobiernos estatales tienen la obligación de diseñar una Política Anticorrupción propia, alineada a la PNA, que incorpore principios de datos abiertos, así como la conexión de sistemas de información a la Plataforma Digital Nacional. Para medir el avance de los estados en esta iniciativa, en 2021 se inició una colaboración entre PIT Policy Lab y estudiantes de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, para desarrollar un prototipo del Índice Estatal de Datos Abiertos Anticorrupción en siete estados de México.
El Índice se construyó con base en los 30 “Conjuntos de Datos Prioritarios” descritos en la Guía de Apertura de la Carta de Datos Abiertos, adoptada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Se agregaron algunos conjuntos de datos para dar más especificidad a los Conjuntos de datos prioritarios y para capturar nuevas áreas (como el área de adquisiciones y datos electorales).
Esta es sólo una muestra del panorama general sobre la apertura de datos anticorrupción en México, pero ha resultado útil para así identificar oportunidades específicas para cada estado. El objetivo es escalar este instrumento para obtener un mapa completo que permita tomar las decisiones correctas hacia la generación de inteligencia de datos anticorrupción en los estados.
Para aprender más acerca de este proyecto y conocer los resultados obtenidos en el Índice por los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Sonora y Tlaxcala, visita: https://www.policylab.tech/datos-abiertos