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Drones en México: Éxitos, desaciertos e interés público

Autores: Sandra Sánchez Parra, Patricia Quintero, Marisol Inés Soto, José Gonzalo Meraz, Jonathan Gómez Obispo, César Ángeles Tovar

Editado por: Luz Elena González, Líder de Proyectos en PIT Policy Lab



En 2006, la Administración Federal de la Aviación, entidad gubernamental responsable de la aviación civil en los Estados Unidos, emitió los primeros permisos comerciales para drones, y en 2016 fue fabricado el primer dron con visión inteligente y tecnología de aprendizaje automático. Lejos estamos de 1907, cuando los hermanos Jacques y Louis Bréguet crearon el primer dron. Como suele suceder con numerosos avances tecnológicos, los creadores muy probablemente no imaginaron la cantidad de aplicaciones que hoy en día se le dan a estos dispositivos, así como el impacto de esta tecnología en la sociedad.


Un área que ha sacado gran provecho de los drones es la conservación y el manejo de los recursos naturales. Por ejemplo, en agricultura, el empleo de drones ha permitido realizar modelos tridimensionales del terreno, planificar el diseño, la producción y el monitoreo de cultivos; detectar plagas, enfermedades o deficiencias nutricionales; realizar estimaciones de volumen; crear modelos de irrigación y drenaje, así como detectar otros cambios en los cultivos que de otra manera no serían visibles.


De forma similar, el Instituto de Ecología (INECOL), un Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en México, ha utilizado los drones con fines de observación aérea de animales en sus hábitats naturales. Estos son utilizados para el monitoreo de poblaciones de especies, así como para observar y describir el paisaje y las actividades humanas que los impactan. Algunas de las especies para las que se están aplicando son: cocodrilos, manatíes, delfines, ballenas, patos, gansos, canguros, elefantes y rinocerontes. Incluso se está utilizando esta tecnología para identificar nidos y camas en los árboles, elaboradas por los orangutanes para pernoctar; así como ciertos tipos de madrigueras y montículos que hacen algunas especies de roedores.


Del otro lado de la moneda, las nuevas tecnologías no siempre son usadas para avanzar la investigación, el conocimiento y el interés público. Las tecnologías también pueden ser utilizadas por actores maliciosos. En julio de 2019, los vecinos de la colonia Parque San Andrés, colocaron una enorme manta de lado a lado de la calle que advertía sobre el aumento de asaltos y robos en casas que habían sido previamente sobrevoladas con drones. Por su parte, el alcalde de Zapopan, Jalisco, advirtió de al menos 8 eventos criminales que utilizaron el mismo modus operandi. En el mismo año, un agente de la Agencia de Aduanas y Protección de Frontera en el sector de El Paso, avistó un dron que vigilaba el paso ilegal de la frontera a un grupo de diez personas.


El contraste entre usos para una misma tecnología, resalta la necesidad de generar un marco regulatorio relevante, que nos permita guiar el uso de drones hacia el interés público. Como respuesta, la NOM-107-SCT3-2019 establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPA) en el espacio aéreo mexicano. A grandes rasgos, se instituye la prohibición de operar drones en zonas restringidas o con más de 12 personas, transportar mercancías peligrosas, sustancias prohibidas, armas, o explosivos. Además, para RPAS con un peso mayor a 250 gramos, se debe tramitar un registro en el portal de internet de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.


A pesar de ello, especialistas como Pablo Casas Lías, afirman que la norma es obsoleta y rebasa las capacidades técnicas, físicas y materiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, al mismo tiempo que resalta la necesidad de generar regulaciones diferentes para usos recreativo, comercial o militar, puesto que no hay forma de asegurar que las personas que adquieren un dron llenen los formatos necesarios y operen los dispositivos conforme a la regulación. El uso seguro de drones requiere tanto de mejoras tecnológicas, como de educación de la sociedad, y de una regulación clara que sea capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos.


Como preámbulo, se necesita apostar por el fortalecimiento institucional, y por lo tanto, la creación de una oficina gubernamental a nivel nacional con atribuciones interinstitucionales verticales y horizontales, capaz de coordinar a todos los órganos de gobierno para vigilar que la regulación se cumpla y se haga respetar. Además, será necesario capacitar al personal que forma parte la oficina gubernamental encargada, para formar especialistas en la legislación y normatividad emanada de ésta; el conocimiento regulatorio para los drones es muy técnico y requiere alta especialización.


Finalmente, la población debe contar con la información necesaria conforme a las reformas de ley, siendo ésta difundida por las autoridades correspondientes, a través de campañas y medios de difusión que les orienten, y den a conocerlos lugares permitidos para el uso y operación de drones, así como también las responsabilidades que conlleva su adquisición. Una vez que las operaciones sean lo suficientemente seguras y la sociedad se familiarice y respete la regulación que se diseñe, ésta podría comenzar a flexibilizarse.


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