por Gisela Montes, Consultora GovTech en la Red de Consultoría PIT
En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la incorporación de herramientas tecnológicas en el sector público es esencial para mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad de los servicios gubernamentales. Sin embargo, la implementación de estas herramientas tecnológicas debe realizarse teniendo en consideración los marcos normativos y esto no siempre ocurre. Este artículo busca enfatizar en la necesidad de explorar y adecuar las bases normativas al momento de incorporar soluciones digitales en el sector público.
Mis años cursando la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires, y luego la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública en la misma universidad, me han brindado una formación sumamente jurídica, donde la ley y el derecho lo son todo. Sin embargo, también me ha enseñado a cuestionar al aparato público existente y trabajar para su modernización, buscando que siempre esté a la vanguardia de la tendencias globales y logre superar el paradigma de “dinosaurio”. Mi experiencia en el ecosistema GovTech me ha enseñado que, detrás de toda transformación en gobierno, debe existir una base normativa que otorgue legalidad a dicha transformación. La inexistencia o falta de adecuación de esta base muchas veces genera el fracaso de una política pública de transformación digital en el sector público.
En líneas generales, GovTech se refiere a la aplicación de tecnologías avanzadas y soluciones digitales en el sector público para mejorar la eficiencia, transparencia, accesibilidad y calidad de los servicios gubernamentales. Dentro del ecosistema GovTech, existen tres grandes pilares que hacen posible su desarrollo: a) las startups, b) los gobiernos, y c) los procesos de contratación pública. Estos pilares actúan como un ciclo de desarrollo y producción GovTech: las startups ofrecen soluciones digitales especialmente diseñadas para los gobiernos, teniendo en cuenta sus necesidades actuales; los gobiernos, a través de los procesos de compra pública regulados en cada territorio, tienen la posibilidad de adquirir estas soluciones e implementarlas en el sector público. Este ciclo ofrece la posibilidad no sólo de contar con herramientas que han sido pensadas para los gobiernos, sino que también permite incluir en el mercado gubernamental a estas pequeñas empresas que, generalmente, no tienen las mismas posibilidades que las grandes y conocidas empresas.
Para que todo ello sea posible, es preciso estructurar un régimen normativo habilitante no sólo para permitir la implementación de estas herramientas una vez adquiridas, sino también para adecuar los procesos de compra pública existentes y diseñar nuevos procesos de compra más flexibles e inclusivos. Ahora bien, ¿cómo se puede lograr esto?
En primer lugar, es posible realizar una revisión y actualización de las normas existentes. Por un lado, correspondería revisar las leyes y regulaciones vigentes en materia de compras públicas para identificar barreras que dificulten la participación de startups tecnológicas. Por otro lado, también sería conveniente evaluar la modificación o derogación de aquellas normas que sean obsoletas o restrictivas y que no se adapten a las necesidades actuales de innovación tecnológica.
En segundo lugar, siempre que sea posible, se recomienda diseñar nuevos procesos de compra. Así las cosas, se buscaría desarrollar procedimientos de compra pública más ágiles que reduzcan la burocracia y permitan respuestas más rápidas a las necesidades tecnológicas del sector público. Del mismo modo, se debería considerar la introducción de modelos como los concursos de innovación abierta, donde las startups pueden presentar sus soluciones tecnológicas en respuesta a desafíos específicos planteados por el gobierno.
En tercer lugar, se podrían obtener grandes beneficios abordando un proceso de simplificación administrativa con relación a los requisitos exigidos para formar parte de un proceso de compra pública. De este modo, se buscaría reducir las barreras de entrada para startups mediante la simplificación de los requisitos de participación, como la documentación necesaria y los antecedentes financieros. Asimismo, se podrían implementar criterios de evaluación que valoren la innovación y el impacto potencial de las soluciones tecnológicas, más allá de la experiencia previa o el tamaño de la empresa.
En cuarto lugar, resultaría sumamente importante prestar especial atención a la capacitación y asistencia técnica. En este proceso es fundamental contemplar la formación de los funcionarios en el uso de nuevas tecnologías y en los nuevos procesos de compra para asegurar una implementación eficiente. En esa misma línea, correspondería brindar asistencia técnica y orientación a las startups para que comprendan mejor el proceso de compra pública y cómo pueden participar efectivamente.
En quinto y último lugar, es importante incluir un programa de monitoreo y evaluación continua, estableciendo mecanismos de monitoreo constante para evaluar la efectividad de las nuevas regulaciones y procesos, realizar ajustes cuando sea necesario, recoger retroalimentación de las startups y de las entidades gubernamentales involucradas para identificar áreas de mejora y asegurar que el sistema se mantenga ágil y efectivo.
Una forma práctica de comenzar con esta dinámica para aquellos países que aún no lo han abordado es a través de la creación de un "sandbox regulatorio" donde las startups pueden probar sus soluciones tecnológicas en un entorno controlado y con supervisión, antes de una implementación a gran escala. Este enfoque permite ajustar las normativas en función de los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas, asegurando que las regulaciones sean realmente habilitantes y no restrictivas.
Estas consideraciones sirven para trazar las bases de una transformación normativa con miras a optimizar los marcos normativos actuales y avanzar hacia una estructura propicia para el desenvolvimiento del ecosistema GovTech. Es un proceso complejo, que requiere ser abordado de forma progresiva. Muchos son los países que han adecuado sus estructuras normativas y no lo han hecho de la noche a la mañana.
Un claro ejemplo de ello es Argentina. Según el reporte sobre compra pública y GovTech realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en 2021, en Argentina no existía un diseño de política de Compra Pública de Innovación (CPI) pese a que el marco regulatorio permitía que las compras públicas fomenten la innovación. Asimismo, era tal el nivel bajo de políticas de compras públicas que promovían la innovación, que Argentina obtuvo el puesto 137/144 en el ranking de Compras Públicas para la Innovación en 2014. A fin de transformar el escenario descrito, Argentina se encaminó en un proceso de cambio con relación a los procesos de compra pública nacional, local y municipal, en miras de convertirlos en procesos más amigables con el ecosistema GovTech y así aprovechar los beneficios que éste ofrece. Así, según el Índice GovTech de Ciudades Iberoamericanas realizado por el CAF en 2023, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las ciudades más importantes de América Latina y el centro político, cultural, económico y social del país, obtuvo la puntuación conjunta más alta de todas las ciudades encuestadas en el pilar de la contratación pública. Así, reconoce que la normativa de Buenos Aires “incluye un proceso de licitación abierto explícito que ayudará a crecer una amplia base de proveedores para el gobierno; un proceso de diálogo competitivo que permitirá a las startups adaptar sus productos a las necesidades específicas del comprador; un periodo de pago mínimo para los proveedores para reducir los problemas de liquidez que son particularmente difíciles para las empresas más nuevas; y, un periodo de ciclo de licitación mínimo, que permite más tiempo para que las startups encuentren y se presenten a las licitaciones pertinentes.”
Para que las soluciones innovadoras que ofrecen las startups a los gobiernos puedan ser implementadas de manera efectiva, es crucial contar con un régimen normativo que no sólo permita la adquisición de estas soluciones tecnológicas, sino que también facilite su implementación y adopción. Este régimen debe ser flexible, inclusivo y adaptado a las realidades del mercado tecnológico actual, garantizando así que el sector público y las startups tecnológicas puedan beneficiarse mutua y plenamente de las ventajas que ofrece el ecosistema GovTech.
Para concluir quisiera invitar a todas aquellas personas que estén interesadas en debatir sobre este tema a que me busquen en mis redes y me envíen un mensaje. ¡Encantada de continuar el debate y conocer otras opiniones! También los aliento a opinar y charlar sobre cualquier otro tema que trata la comunidad del PIT Policy Lab y su Red de Consultoría.
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